Moralidad y rigidez constitucional

Ante el panorama actual al que se enfrenta España con un proceso inconstitucional iniciado por el gobierno de cierta comunidad autónoma de cuyo nombre no me quiero acordar ha surgido una tendencia emergente en no pocos foros de discusión. La violación de la constitución vigente se trata sin duda alguna de un acto ilegal, no obstante, la infracción de la ley una vez más se asocia a la moral difuminando las fronteras entre estos dos sistemas normativos. Con esta cuestión quiero tratar el argumento esgrimido por parte de ciertas posiciones políticas hacia determinadas propuestas o ideas acerca de su inconstitucionalidad, no en términos jurídicos aludiendo a la dificultad de su realización dentro del marco establecido por nuestro ordenamiento jurídico, si no a su rechazo directo y frontal por no encajar con el texto constitucional presente, como si éste fuera inmutable. Además de olvidar la posibilidad de reformar la Constitución Española, de la que luego hablaremos sin olvidar su complejidad, sus argumentos parecen reflejar una dotación de valor moral a las premisas constitucionales hasta el punto de que se considera ilegítima cualquier postura incompatible con éstas. Sin menospreciar la primacía de la Constitución de 1978 como norma suprema de nuestro ordenamiento, dudo que resulte conveniente que ésta sea tratada como un libro sagrado que no se puede contradecir dado que España se reconoce como una democracia abierta, que a diferencia del concepto de democracia militante, reconoce y protege el derecho a mantener posturas contrarias al sistema y, como no podría ser de otra forma, que contraríen el texto constitucional.

De este modo, cabría plantearse por qué algunos parece que conciban nuestra constitución como un ente intocable y, apurando, hasta divino. Bajo mi criterio esto radica definitivamente en el mayor pecado de nuestros constituyentes, el dificultoso proceso de reforma establecido. Una constitución tan difícil de reformar y que, por ello, apenas ha sido reformada, tiende a ser vista como inmutable e irreformable cuando ni mucho menos éstas deberían ser características apropiadas de una norma constitucional pues las reformas del texto constitucional, llevadas a cabo adecuadamente y respondiendo eficazmente a los cambios sociales, son un síntoma de salud democrática siendo buenos ejemplos de ello Alemania o Bélgica. En adición, siendo ya complejo el procedimiento de reforma por la vía del artículo 167 CE, el artículo 168 CE lo es aun más (mayoría reforzada de 2/3 en las dos cámaras legislativas, disolución de las Cortes y referéndum de ratificación obligatorio) y blinda demasiadas partes de la Constitución que no deberían ser en un sentido práctico irreformables siendo buen ejemplo de ello el Título II: De la Corona.

Para concluir me gustaría aclarar que no se trata de un reproche a los padres de la constitución pues, sin duda, a mi juicio, este es un error que no debe nublar todo el buen trabajo hecho durante la Transición para alcanzar un consenso constitucional que es ejemplo de un buen proceso constituyente en no pocas aulas de facultades de derecho en todo el mundo. Sin embargo, sí que se puede aludir a la responsabilidad de los parlamentarios que hemos tenido a lo largo de estos casi 40 años de democracia por no haber promovido el diálogo y el consenso necesarios para acometer las reformas necesarias de la Constitución Española más allá de las dos reformas hechas hasta la actualidad habiendo conllevado la segunda, sin duda alguna, una fuerte polémica. En especial, es necesario que ciertas fuerzas políticas abandonen una posición de enroque político a la hora de abordar reformas constitucionales necesarias como, por ejemplo, la configuración territorial del Estado. Hoy más que nunca sufrimos las consecuencias de tener una constitución difícil de reformar y unos políticos con poca iniciativa y ánimo de consenso de cara a realizar esta tarea tan necesaria.

Alternativa Española para el 1 de Octubre

A veces parece que la situación se deja correr, se cronifica, se pudre, y se vuelve irresoluble. Y no sólo con este sino con otros muchos temas. Y mucho más con un Presidente del Gobierno de España, que es el killer sensato, el hombre tranquilo, el que no se mueve y espera que el tiempo y los nervios sean los que destrocen a los demás. Como bien dijo José María García en su momento en una entrevista con Pedro Ruiz en la 2 de televisión española, lo bueno de Rajoy es que no ensucia. Pero, lo malo, es que tampoco limpia. Y así estamos en un empate, en un momento de suma cero, en el que lo que uno gana, lo ha de perder el otro, y viceversa. En un empate infinito que en algún momento se ha de romper, porque la situación no es sostenible así por más tiempo. Y ante la inactividad, se ha movido la parte catalana. Y ante la actividad catalana, la moncloa se puede mover. Y, vive Dios, hay una cosa muy simple y muy didáctica que pueden hacer, que pueden llevar a cabo. Y, precísamente, el 1 de octubre próximo, de 2017. Continúa leyendo Alternativa Española para el 1 de Octubre

Imputación: ¿Cuándo debe dimitir un político?

Siempre que veo a los políticos usar eufemismos recuerdo una anécdota divertida de la historia. Hace años los navíos portugueses que iban a la India debían surcar una zona muy peligrosa, conocida como el Cabo de las Tormentas. Como el nombre no ilusionaba especialmente a los navegantes, el rey de Portugal ordenó a sus geógrafos que rebautizaran el lugar, conocido desde entonces como Cabo de Buena Esperanza, sin perjuicio de que las tormentas y corrientes marinas siguieran allí. La misma lógica debió tener el PP cuando borró la palabra “imputado” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal remplazándola por “investigado”.

Este matiz terminológico, que viene de lejos, ya Zapatero, el creador de “no lo llames crisis, llámalo desaceleración económica”, puso esta propuesta encima de la mesa en su última legislatura, no implica más que eso quitar una palabra para poner otra. Ahora Pedro Antonio Sánchez complica la carambola terminológica inventándose lo de “imputado formal”. Se supone que se refiere al “imputado” al que abren juicio oral, pero os aseguro que el concepto no existe jurídicamente.

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¿Qué supone el “Sí” a Erdogan?

El domingo 16 de abril de 2017 será recordado en Turquía como la fecha que inauguró un cambio radical en el sistema político del país. Este triunfo del “Sí” autoriza a Erdogan a demoler el sistema parlamentario mediante la reforma de 76 de los 177 de la Constitución [véase:  http://www.europapress.es/internacional/noticia-poderes-erdogan-nueva-constitucion-turca-20170417122331.html ] y a instaurar un régimen más personalista que presidencialista que con seguridad acercará a Turquía a esos países que siendo democracias no cumplan ninguno de los requisitos materiales que se espera de estas.

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Un nuevo derecho: La Presunción de Información

Uno de los nuevos términos que aparecerá en la próxima modificación constitucional, dentro del Título I, Capítulo segundo relativo a los derechos fundamentales será el de la Presunción de Información. Como ven, sólo hacen falta dos lineas como las anteriores, para hoy en día inducir a confusión y engaño a una población que diariamente se ve sometida a un bombardeo continuo de titulares comprimidos cargados de pólvora.

Continuamente, observamos como en los diferentes procesos judiciales se hace referencia a la Presunción de Inocencia. Pero ahora bien, muchas veces se nombra a la misma antes incluso de empezar el litigio y en otras muchas, el presunto delito ni siquiera ha sido denunciado en sede judicial. Y claro, todo ello debe tener un punto de origen, en el que tienen un papel importante los Mass Media presentes en nuestro país.

Reacción antes que Reflexión, ese es su lema. Todos conocemos más de un ejemplo. Un titular que se repite sucesivamente durante días, en todos los informativos, y que se convierte en tema de debate poco reflexivo, en la mayoría de tertulias de cauce político. A raíz de ello, los periodistas se infundan sus togas particulares y dictan sentencias que crean jurisprudencia en las mentes sociales adormecidas.

Y es que en una sociedad como la nuestra considerada democrática, se está llevando a cabo un modus operandi muy peligroso a la hora de informar, más parecido al de épocas oscuras del pasado. Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda Nazi, decía al respecto:  “Cuando se lanza una mentira, y se repite con la frecuencia adecuada, al final se consigue que la gente se la crea´´. 

Nuestro texto constitucional es claro en el artículo 20.1.b. Tenemos el derecho a recibir libremente información veraz por cualquier tipo de difusión. Por tanto, los y las periodistas deben realizar su trabajo, comunicar e informar. Pero hasta que una sentencia dictada en un Tribunal de Justicia emita su resolución, las opiniones vertidas por los mismos sobre la persona o personas afectadas dentro de sus artículos públicos, sólo se podrán enmarcar dentro de una Presunción de Información.

Cassandra Vera, Carrero Blanco y… el dolo

¡Tranquilos! Esta vez, a diferencia de hace un par de semanas con el caso Nóos [véase: http://dmkt.es/entorno-la-sentencia-del-caso-noos/], no comparto el criterio de la sentencia. Perdonadme si no me expreso con tanta indignación como la que ha corrido estos días por las redes para defender a la twitera Cassandra Vera @kira_95 [véase: http://politica.elpais.com/politica/2017/03/29/actualidad/1490788774_203770.html] y su libertad de expresión humorística. Pero la única ambición que tengo en la vida en convertirme en un jurista académico y eso obliga a ser un poco cold fish a la hora de comentar según qué temas.

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Mi experiencia con los Refugiados

Hace pocas semanas uno de mis profesores, el Dr. Moya nos dio la oportunidad a algunos estudiantes de ingresar en la Clínica Jurídica de Migraciones de la Universidad de Barcelona. De la experiencia académica trabajando codo con codo con gente que ya está ejerciendo, me llevo un muy grato recuerdo… ojalá pudiera decir lo mismo de los casos de refugiados sobre los que Stop Mare Mortum nos ha pedido asesoramiento.

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El lado oscuro de la ILP en España

La Iniciativa Legislativa Popular es actualmente la única institución de Democracia directa existente en nuestro territorio, a través de la cual grupos de ciudadanos pueden presentar a los órganos del poder legislativo una proposición de ley. La ILP se encuentra regulada por la Ley Órganica 3/1984, de 26 de marzo así como dentro de nuestro texto constitucional, concretamente en el artículo 87.3.

Si bien puede parecer que su finalidad en el momento de su incorporación en el año 84 fuera acercar la participación directa a la sociedad, la realidad tras 33 años de vigencia es bien diferente. Esta figura pasó, prácticamente desapercibida durante las dos primeras décadas de la democracia y no ha sido hasta entrado el siglo XXI cuando se ha observado un crecimiento de las mismas, llegando al pico máximo de 27 iniciativas durante la X legislatura (años 2010-2015).

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El IBI y la Iglesia Católica ¿un abuso?

Desde hace unas semanas le doy vueltas y remiendos a un artículo sobre el régimen fiscal de la Iglesia Católica en España. No es apropiado para DMKT, porque su tono quisquillosamente jurídico desentonaría por pedante y confuso. Aunque he pensado que sí estaría bien hablar un poco aquí del famoso IBI y la Iglesia desde la faceta más humana que en mi otro texto ahogan los tecnicismos.

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Sobre el derecho a la vida … y a la muerte

Seguramente sorprenda pensar a los que piensan que los debates son ingenuos y propios, que son novedosos y endógenos, es decir, que cuando surgen en la sociedad de un país determinado … a veces con mirarse en el espejo a otras sociedades puede llegar a conclusiones distintas. Quien quiera recibir un “master” rápido en política de los Estados Unidos, basta con mirarse de cabo a rabo la serie “El ala oeste de la Casa Blanca”. Y es que en ella se repasan no sólo el formato de organización de la presidencia, del congreso y demás instituciones, sino de cuales son los debates que se daban en el país. Y, entre ellos, estaba ya, en los 90, el aborto y el impuesto de sucesiones. Continúa leyendo Sobre el derecho a la vida … y a la muerte