Entorno a la sentencia del caso Noós

Como era de prever, las expectativas punitivas del gran público se han visto defraudadas en la sentencia del caso Nóos. Doblemente defraudadas, de hecho, después de que se dejara a Urdangarín en libertad sin fianza.

Frente a la ira social manifestada sobre todo en las redes, se han elevado un puñado de voces, en su mayoría académicas defendiendo el fallo judicial. Entre esas voces, me gustaría destacar la del catedrático de Derecho procesal de la UB, el Dr. Jordi Nieva, cuyo artículo sobre la cuestión os dejo aquí: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/todos-carcel-5855892

En lo que a mí respecta me parecen adecuadas la sentencia y las razones jurídicas para no dictar presión preventiva contra el ex duque. No creo que Urdangarín ni su esposa hayan tenido trato de favor ante los tribunales. El trato preferente lo tuvieron de los políticos. Esos a quienes bastaba que les llamara por teléfono el yerno del Rey para concederle un contrato. En todo caso, prefiero dejar la defensa del caso Nóos a voces más expertas y autorizadas que la mía. En su lugar hablaré un poco sobre las reacciones a la sentencia.

Empecemos por aclarar algo: es totalmente legítimo disentir del fallo de un tribunal. No obstante, es importante saber por qué se disiente y más aún de qué se disiente, aunque sea sólo para saber a quién dirigir la crítica. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo retorcer o dejar de aplicar las leyes vigentes para beneficiar –o perjudicar- a alguien, que aplicar una ley que en sí misma da lugar a situaciones injustas. En el primer caso el problema es el juez. En el segundo, del legislador.

Otro punto importante es aprender a separar la crítica moral o ética de la jurídica. No hace tanto escribí aquí sobre la convicción para gran parte de la sociedad en que el derecho, en alguna de sus instancias, nacional o internacional, debe responder a sus expectativas morales. Si creemos que nuestra ética particular debe ser Ley, toca luchar por ello, no presuponer que ya la integra [Véase: http://dmkt.es/legalidad-orfandad-convicciones/ ].

Más peligroso es aún mezclar con los hechos enjuiciados otro tipo de cuestiones. Léanse la opinión contraria a la monarquía que legítimamente se pueda tener, o la posibilidad de que no sean precisamente sus capacidades las que han permitido a Cristina de Borbón y Grecia ser contratada en La Caixa, entre otros lugares.

Una cosa que me ha llamado poderosamente la atención ha sido la comparación en las redes por medio de posts entre Urdangarín y su esposa con otros casos para denunciar de la supuesta injusticia judicial.

Una comparativa habitual es poner a la infanta al lado de una señora mayor contra quien se ha ejecutado una hipoteca por firmar como aval de un hijo. La comparativa pone de manifiesto el injusto trato contra la última de quien la justicia dice sabía lo que estaba haciendo, mientras en el subtexto de Cristina de Borbón el post indica que a ella se la ha exculpado por no saber lo que hacía su marido.

Es muy difícil ser sintético en este punto. Incuestionablemente casos como el de la señora mayor deben ser subsanados por el legislador entre otros muchos abusos de nuestra normativa hipotecaria. No es menos importante aclarar que una hipoteca es una cuestión de derecho civil, cuya responsabilidad es mucho más “factual” por así decirlo, que la penal. Esta última requiere de conocimiento y voluntad a la hora de cometer la conducta delictiva. Sin ese elemento subjetivo, a diferencia de la responsabilidad, se sea hijo de quien se sea, no se aprecia responsabilidad penal.

El fin de las leyes penales en nuestro entorno más próximo persigue proteger una serie de bienes jurídicos. Quien ojeé algunas páginas del Código Penal verá que las penas más duras se asociación siempre al daño a los bienes jurídicos más valiosos. En esta escala la vida, la integridad física o la libertad sexual están muy por encima que la propiedad o la hacienda pública.

En un robo de escasa cuantía que se lleva a cabo mediante violencia o amenazas, caso típico te atracan poniéndote una navaja en el cuello, no se castiga lo robado, sino haber puesto en riesgo la vida o la integridad física de la víctima.

Un caso aparte son los robos por escasa cuantía mediante tarjeta de crédito. Aquí no puedo decir otra cosa más que el Código Penal necesita una vuelta de tuerca. Cuando uno roba mediante el uso de tarjeta ajena se imputa un delito de suplantación de identidad. Un fuerte castigo por hacerse pasar por otro sin duda tiene sentido en muchos ámbitos, pero no en casos como estos. Muchos terminan subsanándose con un indulto, aunque quizás fuera mejor desatar las manos del juez creando una pena especial, como el trabajo social, para quien roba 70 euros con la tarjeta de otro, en vez de seis años de cárcel.

¿Al no poner en riesgo la vida ni la integridad física de nadie ni hacerse pasar por otro, el delincuente de cuello blanco no se beneficia del sistema? Ciertamente opta a penas más distintas. La cuestión es si en coherencia con los bienes jurídicos que lesiona la merece más alta. Y aquí hay opiniones para todos los gustos…

Ya os aviso que el que escribe siente animadversión por penas graves en cualquier ámbito. Ningún sociólogo o penalista con un mínimo de seriedad se atreverá a decir que subir una pena de cárcel un par de años, ni siquiera duplicarla, disminuye la comisión de delitos. Des del punto de vista de las simpatías electorales, para los políticos es muy cómodo y rápido hacer esto, pero la disminución delictiva obedece a los mecanismos de prevención y en gran medida al sistema de valores sociales. Y quien no me crea puede comparar el índice de criminalidad bajo el derecho penal de los EE.UU. frente al de Canadá.

En todo caso, ahora que cada vez abogamos por una democracia más directa, sería bueno, aunque el camino no esté exento de riesgos precisamente, tratar de explicar los pormenores de estas cuestiones al público en términos objetivos, a fin de que la sociedad decida libremente su opción preferente sobre la pena en los delitos económicos.

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