Imputación: ¿Cuándo debe dimitir un político?

Siempre que veo a los políticos usar eufemismos recuerdo una anécdota divertida de la historia. Hace años los navíos portugueses que iban a la India debían surcar una zona muy peligrosa, conocida como el Cabo de las Tormentas. Como el nombre no ilusionaba especialmente a los navegantes, el rey de Portugal ordenó a sus geógrafos que rebautizaran el lugar, conocido desde entonces como Cabo de Buena Esperanza, sin perjuicio de que las tormentas y corrientes marinas siguieran allí. La misma lógica debió tener el PP cuando borró la palabra “imputado” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal remplazándola por “investigado”.

Este matiz terminológico, que viene de lejos, ya Zapatero, el creador de “no lo llames crisis, llámalo desaceleración económica”, puso esta propuesta encima de la mesa en su última legislatura, no implica más que eso quitar una palabra para poner otra. Ahora Pedro Antonio Sánchez complica la carambola terminológica inventándose lo de “imputado formal”. Se supone que se refiere al “imputado” al que abren juicio oral, pero os aseguro que el concepto no existe jurídicamente.

Bromas aparte es legítimo preguntarse ¿cuándo debe dimitir un político? Muchas veces los españoles oímos noticias del extranjero como en Alemania han hecho dimitir y han juzgado a un Presidente de República por aceptar unas vacaciones pagadas cuando era jefe de gobierno de un Land [ véase: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/14/nota/1727576/expresidente-aleman-juzgado-haber-aceptado-regalo-700-euros] o que una ministra sueca dimite por comprarse dos toblerone con dinero público  [véase: http://www.teinteresa.es/mundo/Suecia-dimitir-comprar-toblerone-publico_0_1256874329.html ] Y claro inevitablemente pensamos ¿Por qué nosotros no?

Para evitar que el pensamiento deje paso a la pura especulación, yo no voy a entrar en teorías sobre si los españoles somos más o menos tolerantes con los corruptos, si somos corrutos por naturaleza, o si qué sé yo… Pero dejemos claras un par de cosas: primera, muchas de esas noticias que nos escandalizan son falsas o están fuertemente sesgadas; segunda, ningún Código Penal –que yo conozca- exige renunciar a un cargo político por gastarse unos pocos euros en golosinas.

La dimisión tiene un componente muy personal, casi íntimo. A menudo depende de haber hecho algo ilegal. Pongamos por caso cuando el alcalde de Berlín dimitió por los reiterados retrasos en abrir el nuevo aeropuerto de la capital [véase: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-26/el-alcalde-de-berlin-dimite-sin-concluir-el-nuevo-aeropuerto-de-la-capital_181378/ ]. Ahora, cuando estamos frente a una actitud legalmente ilícita o directamente delictiva ¿cuándo se debe demitir?

Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Región de Murcia marzo-abril 2017

Quizás por deformación profesional la respuesta que me sale es: cuando haya una sentencia firme y dependiendo del tipo del delito. Sé que no es muy popular, pero si realmente creemos que nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hay que demostrar lo contrario definitivamente antes de empezar a exigirle cosas. Y luego hay que ver la relevancia del delito, no es lo mismo que te condenen por prevaricación –dictar una resolución a sabiendas de que es injusta- o cohecho –aceptar sobornos-, que delitos no vinculados a la función pública.

Dicho esto entiendo que en el momento social que atravesamos derivado de la crisis económica, la gente no está para tecnicismos. Y entiendo que si la moral de sus políticos no es suficiente quieran imponerles la moral por ley. ¿Entonces en qué momento procesal hay que hacerlo?

Pues hay dos momentos a elegir: la simple imputación durante la instrucción o la apertura de juicio oral. Personalmente, a nivel general, me parece más prudente el segundo, ya que hasta entonces una imputación puede levantarse, pero no negaré que esto puede ser desesperante para la opinión pública, ya que la instrucción puede durar años. En todo caso, sería conveniente esperar a que se desestimara el recurso que interpusiera el acusado para recurrir su imputación. Tampoco es lo mismo que en instrucción se mande a alguien a prisión preventiva que ni siquiera se impongan medidas cautelares.

Se opte por el que se opte, todos debemos jugar con las mismas cartas: todo el mundo debe dimitir en el mismo momento y se debe acordar por qué catálogo de delitos.

Para acabar volviendo al principio, creo que muy poco o nada de lo dicho aquí en abstracto debería aplicarse al Presidente de Murcia. No por nada, es que para sacar adelante su investidura él se comprometió a dimitir si le imputaban.

 

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