El lado oscuro de la ILP en España

La Iniciativa Legislativa Popular es actualmente la única institución de Democracia directa existente en nuestro territorio, a través de la cual grupos de ciudadanos pueden presentar a los órganos del poder legislativo una proposición de ley. La ILP se encuentra regulada por la Ley Órganica 3/1984, de 26 de marzo así como dentro de nuestro texto constitucional, concretamente en el artículo 87.3.

Si bien puede parecer que su finalidad en el momento de su incorporación en el año 84 fuera acercar la participación directa a la sociedad, la realidad tras 33 años de vigencia es bien diferente. Esta figura pasó, prácticamente desapercibida durante las dos primeras décadas de la democracia y no ha sido hasta entrado el siglo XXI cuando se ha observado un crecimiento de las mismas, llegando al pico máximo de 27 iniciativas durante la X legislatura (años 2010-2015).

En total, son casi un centenar las presentadas, pero sólo 2 han llegado a convertirse en ley, aunque una de ellas como fue la respectiva a la reclamación de deudas en las comunidades de propietarios, acabara subsumida en la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que no puede considerarse que derivó en una ley, ni tampoco que fuera motivo de una iniciativa popular ya que dicho proyecto fue llevado a cabo por un sector profesional a modo de “lobby´´ como fue el de Agentes de Propiedad Inmobiliaria.

Los procedimientos establecidos para llevar adelante una ILP se inician con la presentación en el Congreso de un Texto Articulado de Proposición de Ley precedido de una exposición de motivos. Tras ello, la Mesa del Congreso, examina la documentación y debe pronunciarse en el plazo máximo de 15 días, sobra la admisión o no del texto. La Mesa en caso de inadmisión tiende a alegar alguna de las circunstancias descritas en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica de la Iniciativa Legislativa Popular, pero particularmente hace uso del articulado constitucional en el que en el artículo 87.3 se indica que no procederá ninguna iniciativa en materias propias en materia orgánica , ello quiere significar que cualquier iniciativa que verse sobre derechos fundamentales y libertades públicas podrá ser inadmitida, lo que deja un abanico inmenso de posibilidades de interpretación a la Mesa del Congreso, ya que cualquier iniciativa tiende siempre a versar sobre una materia orgánica, llámese trabajo, salud, educación,etc.

En el caso de que el texto sea admitido, los promotores de la iniciativa disponen de 9 meses, prorrogables a 3 más, para recoger las 500.000 firmas necesarias para poder continuar la tramitación. Es en esta fase, donde gran parte de las ILP encuentran su fin y por tanto, desaparecen por motivos de caducidad y es que el requisito de firmas exigido en España es uno de los más severos dentro del marco europeo. España en este sentido, cuenta con una tradición rígida que se inició en la época de la Segunda República, cuando en la Constitución de 1931 en su artículo 66, Párrafo III se hace referencia al ejercicio del Derecho de Iniciativa requiriendo un número de firmas superior al 15% de los electores. En la actualidad, partidos como el PSOE o Ciudadanos han solicitado la reducción de firmas a la mitad 250.000, pero si miramos a nuestros vecinos europeos observaremos que estamos a años luz de facilitar el acceso y la participación efectiva de la sociedad en los asuntos públicos. En Portugal son necesarias 35.000 firmas, en Italia y Suiza 50.000 y el caso más paradigmático lo encontramos en Reino Unido, donde cualquier tipo de persona, organización o autoridad local puede presentar una ILP sin requerimiento de firmas.

Han sido muy pocas las proposiciones de ley que han conseguido obtener la exigente cifra de 500.000 firmas para poder pasar a la penúltima fase del proceso, en la cual la Mesa del Congreso procede a la publicación de la proposición , para que esta sea incluida en el orden del día del Pleno dentro del plazo máximo de 6 meses para su toma en consideración. Cuando llega la fecha de debate en las Cortes, observamos el choque entre las dos clases de democracia, la democracia representativa y la democracia directa, de la cual el sistema español ha sido configurado para que la primera se superponga a la segunda.

La regulación llega a un punto en el cual ni los propios promotores de la ILP pueden exponer y defender ante los representantes políticos su proposición de ley, es decir, son prácticamente títeres en manos de la clase política desde principio a fin. El voto de carácter político, tanto en la Mesa del Congreso, como posteriormente en el Congreso y Senado hacen que las ILP’s pierdan ese derecho que la propia democracia representativa se ha encargado de obstruir y el cual no es otro como es el de la Participación. Si la ILP supera la toma en consideración, corre de nuevo otro riesgo, el más peligroso, como es la modificación parcial o total de su contenido a través de las enmiendas presentadas por los distintos partidos, lo que acaba de desvirtuar la finalidad con la cual los promotores y firmantes llevaron a cabo dicha proposición.

Nuestra constitución es clara cuando habla de Participación en el artículo 23.3 al señalar que todos los ciudadanos tienen derecho a participar directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Tenemos por tanto dos opciones contempladas, democracia directa o democracia representativa. Las ILP’s inadmitidas tienen la posibilidad de poder presentar Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, con motivo de la vulneración de un derecho fundamental como el de participación, pero como indicábamos anteriormente la democracia representativa fue establecida para ir imponiéndose sobre la directa, y nuestro Tribunal Constitucional es otro ejemplo más, desgraciadamente, del carácter eminentemente político establecido. Las ILP’s por tanto, no salen tampoco bien paradas en sus visitas al Tribunal Constitucional, ya que dicho paso sólo supone una prolongación más de lo acordado en Cortes.

Son muchos los cambios que se deben realizar en la Ley Orgánica que regula las ILP’s. Estas deben convertirse y ser un mecanismo real y efectivo de participación de la sociedad en los asuntos públicos, ser una herramienta que fomente tanto el debate ético y público como la concienciación acerca de todo tipo de cuestiones presentes en nuestro entorno y es que ello no lo conoce nadie mejor que las personas que conviven fuera de las esferas políticas.

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