Legalidad y orfandad de convicciones

Los sucesos de los últimos días me traído una vez más una reflexión a la que doy vueltas hace tiempo. Cada vez es más común que cuando un político hace algo que nos desagrada lo acusemos de “cometer un crimen” o simplemente hacer algo “ilegal”. Implícitamente se exige así el cese de actitudes en unos poderes públicos cada vez más proclives a la xenofobia o a la tolerancia con la injusticia social. En un mundo que ha transitado muy mal desde los viejos -y a menudo coactivos- sistemas de valores al relativismo moral individual, sólo la Ley parece disfrutar hoy del poder de la certeza.

Esto se viene traduciendo en un fenómeno más sociológico que jurídico que se manifiesta en la creencia generalizada de que existen “normas” que declaran ilegales los actos de los políticos que no nos gustan. Lo general es ubicar estas “normas” supuestamente incumplidas en el ordenamiento jurídico internacional, aunque en nuestro país no faltan acusaciones de “incumplimiento” de la Ley o de comisión de “ilegalidad” contra los poderes públicos, por ni más menos que saltarse la constitución (!).

Bien nada de todo esto es cierto.

Para empezar textos como la Declaración Universal de Derechos Humanos ni siquiera son de obligado cumplimiento para los Estados en términos estrictamente jurídicos. Lo mismo ocurre con esos famosos artículos de la constitución, “derecho a la vivienda”, “protección social a la familia”, “derecho al medioambiente” etc. Basta con leer el art. 53 CE para ver que estos no son verdaderos derechos, sino “principios rectores“, o sea algo así como una declaración de buenas intenciones y aspiraciones de escasa incluso nula trascendencia jurídica.

A menudo, cuando un amigo lego en derecho me ha preguntado sobre estas “ilegalidades” obligándome a explicarle qué es realmente legal, he visto como la decepción, incluso la angustia se proyectaban en su rostro. Hay que perder ese miedo de una vez y atreverse a conocer el mundo tal como es.

Invocando un supuesto ordenamiento jurídico casi ultratelúrico vaporoso -oportunamente coincidente con nuestras aspiraciones ideológicas- para exigir que los tribunales defiendan lo que creemos justo hacemos un penoso favor a nuestras convicciones, pues demostramos no tener fe en ellas. Esta actitud, algo infantil, encierra dos tendencias perversas. Por una parte la inclinación natural a considerar “ilegal” la postura del adversario, o sea, el deseo de ilegalizar al adversario. Algo poco sano democráticamente, se mire como se mire. La otra es una aspiración moral sobre el derecho sin conocerlo e ignorando que su existencia y creación deriva de las personas que ocupen el poder legislativo, algo que en democracia depende en gran medida del ciudadano.

Nunca deberíamos olvidar que todos los derechos que conocemos en nuestra época han empezado siendo un proyecto ideológico sin resortes legales inmediatos, unas convicciones que fueron defendidas firmemente por los seres humanos que las idearon. A menudo han necesitado la perseverancia de los años para que una reforma legislativa los incorporara a la Ley. ¿Esas convicciones carecían de valor como simples ideas por no ser legales? ¿Todo el valor les fue conferido desde la legalidad? Me resulta imposible aceptarlo.

Los ciudadanos no debemos tener miedo a reivindicar derechos que aún no existen en la legalidad. Después de todo, que nuestros gobernantes no cometan ilegalidades, no significa automáticamente que estén actuando bien.

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