Moralidad y rigidez constitucional

Ante el panorama actual al que se enfrenta España con un proceso inconstitucional iniciado por el gobierno de cierta comunidad autónoma de cuyo nombre no me quiero acordar ha surgido una tendencia emergente en no pocos foros de discusión. La violación de la constitución vigente se trata sin duda alguna de un acto ilegal, no obstante, la infracción de la ley una vez más se asocia a la moral difuminando las fronteras entre estos dos sistemas normativos. Con esta cuestión quiero tratar el argumento esgrimido por parte de ciertas posiciones políticas hacia determinadas propuestas o ideas acerca de su inconstitucionalidad, no en términos jurídicos aludiendo a la dificultad de su realización dentro del marco establecido por nuestro ordenamiento jurídico, si no a su rechazo directo y frontal por no encajar con el texto constitucional presente, como si éste fuera inmutable. Además de olvidar la posibilidad de reformar la Constitución Española, de la que luego hablaremos sin olvidar su complejidad, sus argumentos parecen reflejar una dotación de valor moral a las premisas constitucionales hasta el punto de que se considera ilegítima cualquier postura incompatible con éstas. Sin menospreciar la primacía de la Constitución de 1978 como norma suprema de nuestro ordenamiento, dudo que resulte conveniente que ésta sea tratada como un libro sagrado que no se puede contradecir dado que España se reconoce como una democracia abierta, que a diferencia del concepto de democracia militante, reconoce y protege el derecho a mantener posturas contrarias al sistema y, como no podría ser de otra forma, que contraríen el texto constitucional.

De este modo, cabría plantearse por qué algunos parece que conciban nuestra constitución como un ente intocable y, apurando, hasta divino. Bajo mi criterio esto radica definitivamente en el mayor pecado de nuestros constituyentes, el dificultoso proceso de reforma establecido. Una constitución tan difícil de reformar y que, por ello, apenas ha sido reformada, tiende a ser vista como inmutable e irreformable cuando ni mucho menos éstas deberían ser características apropiadas de una norma constitucional pues las reformas del texto constitucional, llevadas a cabo adecuadamente y respondiendo eficazmente a los cambios sociales, son un síntoma de salud democrática siendo buenos ejemplos de ello Alemania o Bélgica. En adición, siendo ya complejo el procedimiento de reforma por la vía del artículo 167 CE, el artículo 168 CE lo es aun más (mayoría reforzada de 2/3 en las dos cámaras legislativas, disolución de las Cortes y referéndum de ratificación obligatorio) y blinda demasiadas partes de la Constitución que no deberían ser en un sentido práctico irreformables siendo buen ejemplo de ello el Título II: De la Corona.

Para concluir me gustaría aclarar que no se trata de un reproche a los padres de la constitución pues, sin duda, a mi juicio, este es un error que no debe nublar todo el buen trabajo hecho durante la Transición para alcanzar un consenso constitucional que es ejemplo de un buen proceso constituyente en no pocas aulas de facultades de derecho en todo el mundo. Sin embargo, sí que se puede aludir a la responsabilidad de los parlamentarios que hemos tenido a lo largo de estos casi 40 años de democracia por no haber promovido el diálogo y el consenso necesarios para acometer las reformas necesarias de la Constitución Española más allá de las dos reformas hechas hasta la actualidad habiendo conllevado la segunda, sin duda alguna, una fuerte polémica. En especial, es necesario que ciertas fuerzas políticas abandonen una posición de enroque político a la hora de abordar reformas constitucionales necesarias como, por ejemplo, la configuración territorial del Estado. Hoy más que nunca sufrimos las consecuencias de tener una constitución difícil de reformar y unos políticos con poca iniciativa y ánimo de consenso de cara a realizar esta tarea tan necesaria.

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