El papel del empleo público

La destrucción de empleo en nuestro país durante esta larga crisis económica alcanzó unas cifras apabullantes. El sector público no fue la excepción y se perdieron, entre 2011 y 2015, 138.000 empleos públicos como consecuencia de las políticas de austeridad y ajuste presupuestario seguidas por el gobierno de Mariano Rajoy. En esta misma línea, la reforma laboral de 2012 incluía la aplicación del despido en el sector público por la cual se establece una disposición adicional vigésima al Estatuto de los Trabajadores que contempla la posibilidad de aplicar despidos por causas económicas, técnicas u organizativas entre el funcionariado.

De este modo, a continuación, argumentaré por qué es necesario conservar el empleo público y cómo puede perjudicar a la sociedad y a la economía nacional su reducción en cifras elevadas.Antes de adentrarnos en las consecuencias del despido masivo de funcionarios me gustaría matizar una cuestión. Si bien tiene consecuencias negativas el despido de funcionarios en su generalidad, pueden existir determinados puestos prescindibles en el sector público, sobre todo cuando se trata de empleos relacionados con la burocracia. Si encontramos una burocracia excesiva e innecesaria posiblemente también conlleve la existencia de puestos improductivos cuyo trabajo no sería necesario con una menor burocracia. No obstante, como veremos, estos puestos, al menos en España, son la excepción en el sector público ya que la mayoría de funcionarios realizan labores de alta productividad e imprescindibles para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

En primer lugar, es necesario rebatir la imagen que muchos economistas neoliberales crean del empleo público como “lastre” o “carga” para la economía nacional. Lejos de perjudicarnos, la realidad es que los trabajadores públicos prestan servicios que satisfacen necesidades de todos los ciudadanos y son, por ello, absolutamente necesarios. Asimismo, el salario de un funcionario no debe ser visto como un gasto sino como una inversión, ya que sus servicios generan beneficios a la sociedad e incluso, a largo plazo, a las arcas del Estado. Por ejemplo, el dinero invertido en el salario de un profesor se acaba recuperando años después cuando sus alumnos, gracias a la formación recibida, son capaces de trabajar y pagar el IRPF. Por otro lado, el mantenimiento del Estado del Bienestar está fuertemente ligado a las cifras de empleo público; como podemos observar las posiciones en el ranking europeo de número de empleados públicos por habitante y en el ranking de nivel de vida según la OCDE son muy similares.

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Sobre este punto también es necesario añadir que el Estado del Bienestar no solo fomenta un buen nivel de vida, sino que es un factor determinante a la hora de atraer la inversión. Pocas oportunidades de inversión se podrían esperar en un país cuyos ciudadanos no ven cubiertas sus necesidades básicas.

De esta forma, podemos deducir que el despido de funcionarios puede tener muy malas consecuencias para la economía de un país. Por lo que se refiere al desempleo es, evidentemente, una forma directa de destruir puestos de trabajo; sin embargo, vale destacar que no solamente se pierden los empleos de los trabajadores públicos que pasan a figurar en las listas del INEM, sino que da pie a que más ciudadanos pierdan su empleo dado que estos despidos vienen acompañados también de una caída de la demanda agregada. De modo idéntico también es fácil deducir el deterioro del Estado del Bienestar en este escenario dándose una importante pérdida de calidad de los servicios públicos. Por otra parte, la normalización de los despidos en el sector público puede suponer un importante desincentivo a la hora de atraer a los profesionales más brillantes. La contrapartida de superar una dura oposición es poder disfrutar de un empleo estable; mas, si los empleos públicos pierden su estabilidad, los trabajadores mejor formados optarán por buscar trabajo en el sector privado. ¿No nos gustaría a todos poder disfrutar (o seguir disfrutando) de los mejores médicos, profesores, juristas etc., independientemente de nuestros ingresos, sin tener que buscarlos en empresas privadas?

En definitiva, el empleo público es crucial para la estabilidad y el progreso social y económico de un país y no conviene reducirlo. A la hora de realizar ajustes ante el exceso de déficit público se deberían, pues, poner sobre la mesa otras medidas como persecución más severa del fraude fiscal, reformas fiscales o renegociaciones de la deuda.

Fuentes: Expansión.com. (2015). Revisado el 23 de septiembre, 2016

http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2015/07/16/55a7889622601dcd5f8b457b.html

www.elordenmuncial.com

www.elmundo.es

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