Tesis jurídica sobre el Derecho a la vivienda.

El título preliminar de nuestra Constitución hace referencia a uno de los rasgos más emblemáticos y característicos de nuestro Sistema político, ya que configura a nuestro Estado como un “Estado social y democrático de Derecho”. Pues bien, es ese canón “social” que posee nuestro Estado por atribución constitucional el que nos faculta (además de otros preceptos) para hacer la presente propuesta. Dicho canón de “socialidad” ha sido definido por numerosos constitucionalistas como aquella obligación que tiene el Estado de asegura y garantizar al ciudadano unas condiciones de vida mínimamente dignas para el caso en los que éste no se las pueda conseguir por si mismo.


El artículo 47 de la CE reconoce que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, exhortando el mismo precepto a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a promulgar las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El problema radica en la ubicación constitucional que tiene el citado precepto, ya que se encuentra dentro del Capítulo Tercero que hace referencia a los Principios Rectores. Por lo tanto, para hacer efectivos los derechos que se consagran dentro de este Capitulo Tercero es necesario que exista un desarrollo legislativo de los mismos. No obstante, no solo es necesario un desarrollo normativo que haga real el derecho a una vivienda digna, sino que los poderes públicos están “cuasi-obligados”a guiar su práctica político-normativa en este sentido, puesto que la substancia y esencia de los principios rectores es servir de guía al legislador para indicarle en que sentido tiene que hacer las leyes. No se pide nada nuevo, es tan solo “activar” al Poder Legislativo para que legisle en este sentido.
Si el art. 33 de la CE consagra el derecho a la propiedad privada, éste viene ya limitado y delimitado por su función social, inmediatamente reconocida en su párrafo segundo. Por lo tanto, la propiedad privada ha pasado de entenderse como un derecho individual y personal a considerarse como una institución jurídica objetiva, cargada de limitaciones impuestas por la función social a la que se encuentra sujeta. El derecho de propiedad, como ya vienen indicando el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, es un derecho estatutario, modificable por el ordenamiento jurídico, por lo que su titular tendrá únicamente las facultades que la norma jurídica le conceda.
Con respeto a la función social, dada la traumática coyuntura social y económica por la que estamos pasando, se hace urgente que desde los poderes públicos adopten medidas para asegurar la función social de la vivienda y así hacer efectivo el cumplimiento del artículo 47CE. Por vía negativa, si la CE reconoce y protege la función social de la vivienda,”a sensu contrario” la CE no tutela un uso “antisocial” del derecho de propiedad. La finalidad propia de tener en propiedad una vivienda es la de ofrecer la posibilidad de otorgar un techo bajo el que las personas puedan desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad. En consecuencia, la desocupación de viviendas, su no ocupación o el no destino del inmueble para su uso residencial, son los ejemplos más emblemáticos del incumplimiento de la finalidad que tiene la vivienda. La función social configura el contenido esencial del derecho de propiedad, mediante la imposición de deberes positivos al titular de dicho derecho que aseguren su uso efectivo para fines residenciales. Por ello, planteamos la posibilidad de incorporar al ordenamiento jurídico andaluz las llamadas “tenencias intermedias” que se bifurcan en dos clases: Tenencias Temporales y Tenencias Compartidas.

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