Verdugos de la libertad

Imaginemos que estamos en el transporte público. Un mendigo nos pide limosna. En ese momento decidimos que vamos a donar un euro a dicho mendigo. En ese mismo instante, un recaudador del Estado nos confisca 10 céntimos de dicho euro en concepto de “donaciones”. Sé que puede sonar a pesadilla, y, efectivamente, lo es. Es la pesadilla que –por desgracia- viven muchos andaluces, asturianos, extremeños, aragoneses… se llama Impuesto de Sucesiones y Donaciones y grava las trasmisiones de bienes de un individuo a otro. Y, de la misma manera que pagar impuestos por donar un euro suena disparatado, pagarlos por donar una parte más grande de mi propiedad también lo es. ¿Por qué? Porque la acción es la misma. Una donación.

El impuesto de sucesiones y donaciones existe en España. Y, aunque en ciertas comunidades sea prácticamente inexistente (Madrid, Canarias…), en otras como Andalucía, la gente se ve obligada a renunciar a la herencia porque literalmente no pueden pagar el impuesto sobre el bien a heredar. Este intrusivo e ilegítimo impuesto forma parte de la carnicería fiscal a la que nos vemos sometidos en España. Los impuestos en general podrán gustarnos más o menos, pero en este caso se está produciendo una obscena violación tanto de la propiedad privada como de la libertad individual, que puede ser rebatida de dos formas:

En primer lugar, la falta de respeto a la voluntad individual: En teoría, cuando adquirimos una propiedad, adquirimos el derecho a gestionarla como nos venga en gana siempre dentro del marco de la legalidad y del respeto a las libertades de las otras personas. Si queremos venderla, la vendemos, si queremos abandonarla la abandonamos. Como debería ser. Si el propietario deseara que a su muerte fuera su hijo u otra persona quien gestione o herede su propiedad, no se entendería que alguien o algo se opusiera o dificultara el cumplimiento de dicho deseo. Bien, pues el día en que el propietario muera –en algunas comunidades- sí que habrá un opositor ilegítimo a la voluntad última del propietario: el Gobierno autonómico. En Andalucía el hurto/impuesto es de tal calibre que se llega a poner en jaque dicha voluntad. ¿Por qué? ¿Acaso no es razonable que el propietario en su lecho de muerte designe quienes se van a hacer cargo de su propiedad? ¿Por qué un gobierno no propietario se entromete en asuntos privados? ¿Existen razones legítimas para expoliar a los nuevos propietarios? No hay respuesta razonable a estas cuestiones. Y, Aunque preguntáramos a los “ideólogos” no encontraríamos una explicación razonable a este repugnante tributo. La propiedad privada, garantizada en el Artículo 33.1 CE, está en jaque en ciertas comunidades.

Por otro lado, están las razones no legítimas que intentan justificar un tributo que no es más que un impuesto a la muerte de un individuo: Los gobiernos sostienen que se produce un enriquecimiento y que por tanto hay que “redistribuirlo” (como si de renta se tratase.) Pero… ¿Acaso no se pagó en su día suficiente por dicho enriquecimiento? Sí. O ¿Acaso no pagamos IVA, IRPF, IBI…? Es decir, nos encontramos una inexplicable doble tributación en un país que no goza de tipos impositivos bajos precisamente. De manera que el problema no se solucionaría bajando la cuantía del impuesto, pues seguiría siendo una injusta doble tributación, sino eliminándolo. De forma que no solo tenemos que pagar impuestos para adquirir una casa o un coche. No solo tenemos que pagar impuestos periódicamente sobre la casa o el coche. Sino que cuando muramos, también habrá que tributar para que se cumpla nuestra última voluntad sobre nuestra propiedad. Si eres andaluz, aragonés, extremeño, asturiano o incluso gallego, quizá no lo puedas pagar. La Junta se quedará con tu casa. La venderá y la comprará gente que se lo pueda permitir. No de clase obrera precisamente. ¿Es esto redistribución? No.

Puede haber impuestos más o menos legítimos, más o menos altos, más o menos justos… eso es discutible. Pero, si hay algo que es indiscutible, es lo ilegítimo, injusto y alto que es el impuesto de sucesiones y donaciones, que nos hace tributar por lo ya tributado y no respeta la propiedad privada.

Por tanto, pensemos detenidamente hasta qué punto somos propietarios. Hasta qué punto los frutos de nuestro trabajo son nuestros frutos. Hasta qué punto estamos sometidos a los gobiernos caprichosos. Hasta qué punto somos libres para hacer lo que queremos. Porque si de verdad se respetara la propiedad privada y los derechos inherentes a ella, podríamos donar una parcela de la misma manera que donamos un euro a un indigente. Porque la propiedad privada es privada y no pública y es algo que a mucha gente y a muchos gobernantes les cuesta entender. Porque cada vez que pagamos un impuesto injusto, cada vez que aceptamos más impuestos, cada vez que nos resignamos frente a las abusivas prácticas del Estado, nos quitan un pedacito de nuestra propiedad más valiosa: la Libertad.

 

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